Pueblos mayas solicitaron que la Suprema Corte atraiga tres casos relacionados con la protección ambiental y sus derechos colectivos.
Los expedientes incluyen una granja porcícola en Homún, el Anillo de Cenotes y la defensa de las abejas en Hopelchén.
Comunidades mayas de Yucatán y Campeche exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer y resolver tres casos que consideran fundamentales para proteger los cenotes, las abejas y los territorios indígenas de la península.
Durante un llamado público realizado en Mérida, representantes comunitarios y defensores ambientales señalaron que los procesos judiciales permanecen sin una resolución definitiva, pese a que se relacionan con amenazas que, aseguran, persisten desde hace varios años.
Uno de los casos se encuentra en Homún, Yucatán, dentro de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes. La comunidad mantiene desde 2017 una lucha contra la instalación de una granja porcícola, al considerar que sus actividades representan un riesgo para el acuífero, el ambiente y la vida cotidiana de la población.
Aunque existe un amparo que ordenó detener las actividades de la granja y retirar a los animales del sitio, habitantes de Homún advirtieron que temen un posible revés jurídico que permita a la empresa retomar operaciones. Por ello, solicitaron una sentencia definitiva que impida la instalación de megaproyectos similares en la zona.
El segundo expediente busca que el Anillo de Cenotes sea reconocido como sujeto de derechos. De aprobarse, este ecosistema podría contar con una protección jurídica especial debido a su relevancia ambiental, hídrica y cultural para los pueblos mayas.
El tercer caso corresponde a Hopelchén, Campeche, donde comunidades impulsan desde 2012 el reconocimiento de las abejas como sujetos de derecho. Señalan que los monocultivos, organismos genéticamente modificados, deforestación y uso intensivo de agroquímicos han afectado gravemente a los polinizadores.
Las comunidades sostienen que estos tres casos representan una oportunidad para que la Suprema Corte establezca precedentes en materia de protección ambiental, consulta previa y derechos de los pueblos indígenas.
