Las investigaciones sobre la emboscada a los cuerpos policiales confirman que el gobierno estatal sacrificó a sus agentes y protegió de forma sistemática a la jefa de la seguridad.
El expediente del caso Kobén ya no permite más mentiras ni maniobras de distracción. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche puso letrero de culpable al desastroso manejo de la seguridad pública, ratificando punto por punto las acusaciones que los bloques opositores sostuvieron en el Congreso local desde hace más de dos años. La resolución oficial no solo desnudó la brutalidad con la que se operó dentro del penal, sino que aplastó la versión triunfalista que el partido oficialista intentó vender a la ciudadanía.
Aquel operativo de marzo de 2024 quedó grabado como un monumento a la irresponsabilidad directiva. Bajo la línea de mando de Marcela Muñoz y con el aval del gobierno de Morena, los policías fueron lanzados al interior del recinto penitenciario sin escudos, sin armas, sin radiofrecuencia y en total penumbra para contener una revuelta de internos armados. El saldo fue devastador: mujeres policías acorraladas y golpeadas, decenas de agentes heridos y, para rematar el atropello, una ola de castigos, retenciones de sueldo y persecución institucional contra los sobrevivientes que se atrevieron a alzar la voz.
Durante veintinueve meses, mientras la oposición acumulaba evidencias, apoyaba las marchas de la tropa y exigía el cese inmediato de los mandos, la bancada de Morena prefirió operar como escudo protector, ridiculizando el dolor de las familias e inventando teorías de conspiración. Hoy, el dictamen de violaciones a las garantías fundamentales liquida el discurso del gobierno y confirma que la postura de los partidos opositores no era oportunismo político, sino la defensa legítima de una policía abandonada a su suerte.
El fallo de las autoridades en derechos humanos deja a la administración estatal en un callejón sin salida. Ya no se trata de emitir disculpas de compromiso o dar capacitaciones de trámite: la gravedad de los hechos acreditados exige la salida inmediata de Marcela Muñoz y la apertura de carpetas de investigación penal para que los responsables de mandar al matadero a la fuerza pública paguen sus actos ante la justicia.
