La persecución exprés contra el contador Luis Espinosa desnuda la cooptación absoluta de los tribunales por parte del régimen estatal.
Luis Espinosa, un contador público reconocido por su honestidad, su entrega familiar y una trayectoria profesional sin tachas, experimenta en carne propia la peor cara de un sistema entregado al poder. Sin pruebas contundentes ni un debido proceso que respalde las acusaciones, fue empujado a un proceso judicial exprés diseñado exclusivamente para satisfacer una directriz dictada desde la oficina principal del palacio de gobierno.
Detrás de este atropello se vislumbra la mano firme de Layda Sansores. La gobernadora de Morena ha demostrado que para ella las leyes son moldeables según sus conveniencias y caprichos. El poder judicial en Campeche dejó de ser un contrapeso democrático para convertirse en una simple oficialía de partes del régimen, un aparato totalmente cooptado por Morena donde los jueces y magistrados perdieron la autonomía y operan bajo la consigna de golpear a quien se ordene con tal de cumplir las filias y fobias de la mandataria.
Lo más delicado de este linchamiento judicial contra el contador Luis Antonio Espinosa es que la orden viene teledirigida desde la propia cúpula del Tribunal. Diversas fuentes internas revelan que los jueces encargados de la causa reciben instrucciones directas de la Magistrada Concepción Canto Santos, Presidenta de la Sala Penal, a quien están obligados a mantener informada en tiempo real sobre el avance de cada audiencia. Esta red de sometimiento está siendo operada a través de figuras clave como Leslie Loeza Manzanilla, Edelmira Cervera Sánchez, Guadalupe Taboada y Maribel Huitz.
La rapidez con la que se movilizaron los tribunales para perjudicar a un hombre de bien contrasta de forma ofensiva con la realidad que enfrentan a diario los habitantes del estado. Mientras a Luis Espinosa se le juzga con una prontitud alarmante por consigna política, miles de madres, comerciantes y ciudadanos comunes acumulan años de desesperanza en las fiscalías esperando que la justicia voltee a ver sus denuncias por robo, fraude o violencia urbana.
Campeche sufre de injusticias bajo el control absoluto de Morena, el régimen pone en grave riesgo la libertad y la seguridad de cualquier ciudadano honrado. La sociedad no puede normalizar que los tribunales sirvan como instrumentos de venganza personal o caprichos del poder ejecutivo.
