La Suprema Corte ordenó implementar medidas para proteger el agua, el medio ambiente y la salud de comunidades mayas de Campeche ante la posible presencia de plaguicidas.
Entre las acciones se encuentran estudios sobre glifosato, monitoreo permanente de la calidad del agua y la publicación de los resultados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a 17 comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, y ordenó a distintas autoridades implementar medidas para proteger su acceso a agua de calidad.
El caso se relaciona con señalamientos sobre la presencia de plaguicidas en el agua de la región y con presuntas omisiones de autoridades federales, estatales y municipales para atender posibles afectaciones al medio ambiente, al agua y a la salud.
La resolución establece que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá realizar estudios sobre la presencia de glifosato, mantener un monitoreo permanente de la calidad del agua en las comunidades que promovieron el juicio y hacer públicos los resultados.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con autoridades sanitarias de Campeche, deberá realizar acciones de regulación, control, vigilancia y fomento sanitario relacionadas con el uso de plaguicidas y fertilizantes en la zona.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Estado de Campeche deberá coordinar políticas, programas y estrategias de protección ambiental vinculadas con el glifosato.
Asimismo, el Ayuntamiento de Hopelchén deberá integrar, en caso de que no exista, su Comisión Permanente de Protección al Medio Ambiente e informar sobre la situación de las comunidades involucradas.
El asunto llegó a la SCJN después de que en julio de 2024 un juzgado de distrito negara inicialmente la protección federal. La Corte determinó posteriormente que debían analizarse de manera integral los planteamientos ambientales y aplicar principios de protección en esta materia.
La resolución no establece por sí misma que toda el agua de la región esté contaminada, sino que ordena realizar estudios, monitoreo y acciones preventivas para determinar y atender los posibles riesgos.
